Hermosillo, Sonora.- El Poder Legislativo se sumó a las gestiones que realiza el titular del Poder Ejecutivo estatal en beneficio de los habitantes de Sonora, mediante exhorto a la Comisión Federal de Electricidad y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que la totalidad de los municipios sonorenses reciban la tarifa 1F; que se revisen los criterios de consumo máximo de energía eléctrica y el subsidio a las tarifas de verano sea aplicado en esta entidad desde el 1 de abril hasta el 30 de noviembre de cada año.
Por unanimidad de todas las fuerzas políticas representadas en la LXIII Legislatura, el Acuerdo establece que, como representantes del sentir de la voluntad popular e integrado por las diversas ideologías políticas, estiman oportuno y pertinente sumar esfuerzos y ofrecer el apoyo político y el respaldo a las gestiones que lleva a cabo el gobernador Alfonso Durazo Montaño ante las instancias federales, con el fin de mostrar una postura única en esta materia.
“Consideramos oportuno que esta asamblea popular se sume a los esfuerzos realizados por el titular del Ejecutivo estatal ante las instancias competentes del Gobierno Federal, para que se realicen los esfuerzos y los estudios pertinentes, a fin de procurar que en los municipios sonorenses donde actualmente resultan aplicables las tarifas 1A, 1B, 1C, 1D y 1E, se actualice su situación, con el fin de promover su ingreso al régimen de la tarifa 1F, para mantener una tarifa única en el Estado y beneficiar directamente al pueblo de Sonora”, establece el pronunciamiento al que dio lectura la diputada Lirio Anahí Del Castillo Salazar.
Actualmente los municipios que reciben la tarifa 1F durante la temporada de verano, los cuales registran una temperatura mínima de 33 grados centígrados, son: Altar, Arivechi, Bacanora, Cajeme, Hermosillo, Oquitoa y Sahuaripa, Sonora.
En el
Acuerdo aprobado por las y los legisladores resalta que, el uso de energía eléctrica debe ser considerado un derecho básico que incide directamente en la calidad de vida de los sonorenses, debido a que las altas temperaturas a lo largo y ancho del Estado, sobre todo a la ola de calor a la que recientemente se enfrentaron los sonorenses, han suscitado desigualdades profundas y desafíos económicos para muchas familias y empresas en los distintos municipios, derivado de un notable incremento en el consumo de energía eléctrica.
“Todo ello aunado a la crisis climática que afecta a todo el planeta y ha generado el fenómeno conocido como calentamiento global, que en Sonora ha exacerbado el aumento de las temperaturas presentes”, expresó la legisladora.
El acceso a la energía eléctrica en condiciones dignas, suficientes, asequibles y sostenibles, constituyen un derecho que se relaciona directamente con la dignidad humana, la igualdad y la posibilidad de prosperar, por tal motivo, garantizar este derecho en Sonora con un mínimo vital por vivienda, es un compromiso que debe asumirse desde diversos frentes, agregó.
El gobierno estatal, encabezado por el doctor Alfonso Durazo Montaño, realiza gestiones ante la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el fin de buscar ampliar los beneficios para los sonorenses, reducir el impacto económico que actualmente genera el consumo de energía eléctrica para abatir los efectos de las altas temperaturas, así como ampliar el periodo por el cual dicho consumo resulta subsidiado por el Gobierno Federal, para coadyuvar al fin antes mencionado, destaca el Acuerdo.
Turnan iniciativas a comisiones
En esta sesión ordinaria, la Presidencia turnó a comisiones dos iniciativas, la primera de estas con proyecto de decreto que modifica diversas disposiciones de la Ley de Gobierno y Administración
Municipal, y del Código Penal del Estado de Sonora, la cual presentó el diputado Héctor Raúl Castelo Montaño, integrante del grupo parlamentario de MORENA.
Expuso que la propuesta tiene por objeto regular aquellos actos ilícitos en detrimento de los bienes del Municipio, para lo cual se establece la posibilidad de que la autoridad correspondiente actúe de oficio, ya que los costos, gastos o pérdidas por el deterioro o sustracción de este tipo de bienes sale de los ciudadanos con el pago de sus impuestos.
En el caso de que los infractores sean servidores públicos, además de la sanción que implique la destitución e inhabilitación para ostentar puesto, cargo o comisión, la pena de prisión podrá aumentar hasta en una mitad de la pena impuesta. La iniciativa se turnó para estudio a las comisiones de Presupuestos y Asuntos Municipales, y Justicia y Derechos Humanos.
La segunda iniciativa fue presentada por el diputado Ernesto Roger Munro Junior, coordinador del grupo parlamentario del Partido Encuentro Solidario, con proyecto de decreto que reforma diferentes disposiciones de la Ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano del Estado de Sonora, con el objeto de garantizar el presupuesto de manera irreductible para infraestructura primaria en los 72 municipios del Estado.
Explicó que se trata de armonizar la referida legislación para definir a la infraestructura primaria, así como el cambio del articulado para que, por Ley, las autoridades municipales y estatales no puedan quitar presupuesto a obras.
Además, dijo, su aprobación significará vivienda digna, no más caminos de terracería, servicios básicos garantizados, como energía eléctrica y agua, lo cual se engloba en un desarrollo urbano real y conciso. La iniciativa se turnó para estudio a la Comisión de Desarrollo Urbano.
La Presidencia citó a sesión del Pleno este jueves 7 de septiembre, a las 10:00 horas.
